La decisión de que el Poder Judicial declara inaplicable la inhabilitación de Delia Espinoza volvió a generar tensión entre el sistema judicial y el Congreso de la República. La resolución dejó sin efecto la sanción de 10 años que el Parlamento había impuesto contra la exfiscal suprema por presuntamente incumplir la aplicación de la Ley 32130, norma relacionada con la participación de la Policía Nacional en investigaciones preliminares.

El caso rápidamente volvió al centro del debate político y jurídico debido a las fuertes críticas que ahora enfrenta el Congreso tras la decisión judicial. Además, el fallo cuestiona directamente los argumentos utilizados por los parlamentarios que impulsaron la denuncia.

¿Por qué el Poder Judicial dejó sin efecto la sanción contra Delia Espinoza?

Delia Espinoza fue inhabilitada por el Congreso en diciembre de 2025 con los votos de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País.

La denuncia señalaba que la exfiscal habría incumplido la Ley 32130, norma que fortalecía el rol operativo de la Policía Nacional durante investigaciones preliminares.

Según los congresistas denunciantes, Espinoza y otros fiscales permitieron que el Ministerio Público continuara desarrollando investigaciones que, según ellos, correspondían exclusivamente a la Policía Nacional.

Sin embargo, el Poder Judicial concluyó que los parlamentarios no presentaron argumentos objetivos ni pruebas suficientes para justificar la sanción aplicada.

Poder Judicial cuestiona argumentos del Congreso

La resolución judicial señala que los congresistas no explicaron de manera clara cómo Delia Espinoza habría afectado la Constitución o incumplido sus deberes funcionales.

Además, el fallo indica que los denunciantes tampoco demostraron de qué forma la actuación de la Fiscalía habría invadido competencias exclusivas de la Policía Nacional.

El Poder Judicial también observó que los parlamentarios no sustentaron adecuadamente la supuesta negativa de los fiscales para cumplir la Ley 32130.

Por ello, la instancia judicial decidió declarar inaplicable la inhabilitación de 10 años impuesta por el Congreso.

Caso surgió tras denuncia presentada en 2024

La controversia comenzó el 24 de octubre de 2024 cuando los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín presentaron una denuncia contra Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza.

Los parlamentarios acusaban a los fiscales de aprobar un reglamento que, según afirmaban, contradecía la Ley 32130 y afectaba las competencias de la Policía Nacional.

Sin embargo, el reciente fallo judicial debilita los argumentos centrales de esa acusación y abre nuevamente el debate sobre las tensiones entre el Congreso y el Ministerio Público.

Decisión genera impacto político y jurídico

La resolución del Poder Judicial ya comenzó a provocar reacciones en distintos sectores políticos y legales del país.

Especialistas consideran que este caso podría profundizar el enfrentamiento entre poderes del Estado y generar nuevas discusiones sobre los límites de las atribuciones del Congreso.

Mientras tanto, la situación de Delia Espinoza vuelve a colocarse en el centro de la atención pública en medio de un escenario político marcado por constantes disputas institucionales.